Debatiendo sobre Desahucios: El Desprecio del PP por la PAH y la Sociedad Civil

En el pasado pleno de Enero nuestro grupo político planteó una queja formal y concreta por el método de firma y presentación del Convenio entre el ICAV y la Diputación de Valencia. Nunca por el fondo, ya que nuestra organización lleva años denunciando la situación precaria e injusta que han padecido y padecen miles y miles de familias por clausulas y actitudes abusivas del Sistema Bancario español, amparado por una legislación obsoleta que no sólo no protege a la Banca y sus derivados, sino que castiga a la ciudadanía y favorece prácticas inmorales, inhumanas y que recuerdan más a las propias de una banda mafiosa camuflada que a un sistema bancario. Una legislación y unas prácticas que ya han sido condenadas por los tribunales europeos, quien han incidido en la desprotección ciudadana frente al abuso bancario.

           

          Por eso nuestra crítica no se dirigió contra la necesidad de que, por fin, las administraciones públicas comiencen a hacer algo para ayudar a estas personas. Ni contra el hecho de que por fin aquellas organizaciones políticas que han secundado y mantenido con sus votos este genocidio social comiencen, también por fin, a girar en sus prácticas.

          Nuestra crítica era por tanto sobre la forma. En primer lugar porque nos gustaría que más que algunas frases explícitas sobre la Banca que ha dicho el Sr. Presidente de la Diputación se entendiera y se explicitara realmente el problema Político y Social al que nos enfrentamos. Ya fuera en el convenio, ya fuera en un texto adjunto esta Diputación debería mostrar comprensión y análisis de un problema que es, sencillamente, la estafa organizada más grande de la Historia reciente de nuestro Estado.

       Podemos buscar mecanismos de mediación y refuerzo de las personas que se enfrentan a estos procedimientos, especialmente porque muchas de ellas se encuentran en una auténtica situación de indefensión, pero, al mismo tiempo, no podemos olvidar nuestro papel de Institución Política para abordar la realidad más sencilla y directa: NO mediamos entre partes iguales, sino entre estafadores (Banca) y estafados (ciudadanía), amparado todo ello por una legalidad injusta (nuestra responsabilidad). El problema individual es la posibilidad del desahucio. El problema social y colectivo es toda la arquitectura socioeconómica y legal que ampara, favorece y genera los desahucios. Las personas que se encuentran ante esta situación no son parte de un problema individual y aislado, sino parte de un problema (y crisis) social. Los casos que cada día recogen los medios, las historias que cada día estas personas y las Plataformas de Afectados y afectadas por las Hipotecas nos hacen llegar muestran eso: la absoluta crueldad de un sistema hipotecario diseñado para obtener el máximo beneficio aún a costa de la vida de las personas.

            Por eso nuestro grupo valora en positivo cualquier iniciativa de una administración que intente intervenir en esta situación. Pero sin que esa intervención se convierta en una estrategia para convertir en individual lo que es una problemática social, derivada de un sistema legal que necesita una urgente revisión.

           

            Pero, además, nuestra queja sobre la forma viene dada por no habernos dado tiempo a plantear enmiendas y aportaciones en positivo que estábamos trabajando con las PAH's. Esas plataformas que el Sr. Presidente descalificó injusta e inmerecidamente en su intervención y que han solucionado y ayudado a miles de valencianos y valencianas mucho antes de que a esta Corporación se le ocurriera comenzar a actuar. Porque estas Plataformas son expresiones legítimas y autoorganizadas de la Sociedad Civil, expresiones de descontento, pero también de incapacidad o falta de respuesta en muchas ocasiones de las Instituciones oficiales. La sociedad civil se organiza de manera independiente y propia ante los problemas cuando las instituciones y el Estado no son capaces, o no desean, dar respuesta a estos problemas. Por eso la reacción ante ellas no puede ser la descalificación o el menosprecio sino el análisis, la escucha y la colaboración para abordar los problemas.

            En el Pleno el Diputado responsable del Convenio, Francisco Lledó, expresó su deseo de que todo estuviera en pleno funcionamiento en Abril (no entendemos por tanto parte de la urgencia en Enero), pero eso dejaba en principio la puerta abierta a la posibilidad de incorporar cuestiones y actuaciones a ese convenio. No sólo discurso sino analizar posibles carencias. Porque aunque es positiva la participación del ICAV las PAH's llevan muchísimo trabajo jurídico realizado, muchísimo trabajo colectivo de acompañamiento de estas personas. Son Plataformas con años de trabajo, con miles de casos trabajados y con la implicación directa e importante de muchas profesionales de la abogacía, que están además en contacto con muchos de sus compañeros y compañeras del turno de oficio para ayudarles con material, información y escritos en muchos de los casos. Así, por ejemplo, el Sr. Rus debe desconocer que sólo en Valencia la PAH de esta ciudad desarrolla asambleas jurídicas específicas donde se analizan colectiva e individualmente cientos de casos cada mes. Es más, hace unos meses fue el equipo jurídico de las diversas PAH de todo el estado quienes en una reunión en Barcelona redactaron un escrito para solicitar la suspensión de todos los procedimientos de ejecución hipotecaria de viviendas habituales que se encuentren actualmente en los juzgados. Escrito apoyado y respaldado por el Consejo general de la abogacía española que lo distribuyó entre todos los colegiados y colegiadas del Estado. Un asesoramiento y trabajo jurídico queno acaba ahí sino que ofrece gratuitamente materiales, escritos y recopilaciónde sentencias a todos los afectados y afectadas, así como a los y lasprofesionales de la abogacía que se implican en este proceso, incluyendo ya modelos de alegaciones en base a la nueva sentencia europea. Un trabajo jurídico por tanto que es lo que justifica sobradamente la inclusión de estas Plataformas en el análisis y la búsqueda de soluciones de la grave problemática social a la que colectivamente intentamos dar respuesta.

            Por eso creemos que debería haberse contado con ellas. Y por eso protestamos, ya que nos resultó completamente imposible, primero por la llegada por sorpresa y después por la negativa a aceptar cualquier propuesta de modificación,  realizar cualquier tipo de aportación jurídica al convenio que los compañeros y compañeras estaban preparando, para enriquecerlo.

            Cómo dicen los compañeros y compañeras de las Plataformas #Sisepuede Pero, desgraciadamente, para poder hay que querer. Y el PP no quiere. Máxime cuando el escándalo de todos los papeles de Bárcenas parece indicar que muchos donadores anónimos han conseguido amasar sus fortunas en la orgía inmobiliaria que sostuvieron y potenciaron los diferentes gobiernos autonómicos y estatales durante años.

            Os dejamos aquí también una copia de nuestra propuesta presentada para completar y enriquecer y que fue completamente rechazada por la Comisión.